El Acuerdo de París, firmado en 2015, representa uno de los mayores esfuerzos globales para combatir el cambio climático y limitar el aumento de la temperatura media del planeta a menos de 2°C, con la aspiración de no superar los 1.5°C. México, como una de las economías más grandes de América Latina y un país con una rica biodiversidad y una alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, tiene una responsabilidad crucial en el cumplimiento de este acuerdo.
Como parte de sus compromisos, México presentó sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), en las que se comprometió a reducir el 22% de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y el 51% de sus emisiones de carbono negro para 2030, con la posibilidad de aumentar estos porcentajes si recibe apoyo financiero y tecnológico internacional. Sin embargo, el reto de cumplir estos compromisos no es menor. La dependencia del país en combustibles fósiles, la expansión urbana desordenada, la deforestación y el crecimiento de las actividades industriales y agropecuarias han dificultado la transición hacia una economía baja en carbono.
El sector energético juega un papel clave en la reducción de emisiones. Aunque México ha avanzado en la generación de energías renovables, con un incremento en el uso de energía solar y eólica, aún persisten barreras regulatorias y económicas que limitan su expansión. La inversión en infraestructura para energías limpias y la modernización de la red eléctrica son fundamentales para acelerar esta transición y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.
Otro desafío importante es la deforestación, que contribuye significativamente a las emisiones de carbono en el país. La tala ilegal, el cambio de uso de suelo para la agricultura y la expansión urbana han reducido la capacidad de los ecosistemas para capturar carbono. La restauración y conservación de los bosques, junto con el fortalecimiento de programas de reforestación y manejo forestal sostenible, son estrategias esenciales para reducir la huella de carbono y preservar la biodiversidad mexicana.
En términos de políticas públicas, es crucial que el gobierno refuerce su compromiso con la mitigación y adaptación al cambio climático. La implementación de normativas más estrictas en materia de emisiones industriales, transporte y desarrollo urbano es indispensable para alinear las acciones nacionales con los objetivos del Acuerdo de París. Además, la cooperación con el sector privado y las comunidades locales es vital para diseñar estrategias efectivas y viables en la lucha contra el cambio climático.
El papel de la sociedad también es determinante en la construcción de un futuro más sostenible. La educación ambiental, el consumo responsable y la presión ciudadana para exigir políticas climáticas ambiciosas pueden influir en las decisiones gubernamentales y empresariales. En este sentido, empresas comprometidas con la sostenibilidad, como EcoForestCO2, están liderando iniciativas que integran soluciones basadas en la naturaleza para la captura de carbono y la compensación de emisiones, lo que demuestra que el sector privado puede ser un aliado clave en la lucha contra el cambio climático.
México tiene la oportunidad y la responsabilidad de ser un referente en América Latina en la implementación del Acuerdo de París. Cumplir con estos compromisos no solo beneficiará al medio ambiente, sino que también fortalecerá la resiliencia del país ante los efectos del cambio climático, asegurando un desarrollo económico y social sostenible para las generaciones futuras. La acción climática no es una opción, sino una necesidad inminente, y México debe asumir un rol proactivo y decidido en esta misión global.
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